Más de 800.000 usuarios de armas de fuego fueron dados de baja o inhabilitados preventivamente por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), ente que regula el mercado de armas legales que circula en el país (la ex Renar). Se trata de una suspensión considerable que afectó a casi el 74% del padrón, dado que según publicó el órgano rector en su último informe, que abarca el periodo entre 2022 y 2023, hay menos de 1.1 millón de legítimos usuarios. Entre estos números no están contempladas las armas ilegales que suelen utilizar los delincuentes (en su mayoría provenientes del mercado negro).

Dentro del total exacto de 1.088.512 legítimos usuarios están contemplados, en su mayoría, miembros de las Fuerzas de Seguridad, empresas de seguridad privadas autorizadas, armerías, fabricantes, coleccionistas y usuarios que solo tienen registrada un arma.

Del total de 810.668 usuarios cuyos permisos vencieron, hay 239.683 que ya no poseen armas y que, por tal motivo, fueron dados de baja. Los 570.985 restantes integran el listado de trámite de regularización, mediante el cual pueden aspirar a buscar una renovación de la licencia, pero mientras tanto figuran como inhabilitados.

Además hay 14 usuarios que registran más de 10 armas que se han negado a comenzar el trámite de regularización, razón por la cual la Anmac notificó a la Justicia para que lleve adelante las medidas que considere prudente al respecto.

Requisitos

Los permisos para convertirse en legítimo usuario son numerosos e incluyen una capacitación y el pago de la licencia, que debe renovarse cada cinco años según el informe.

Según el informe, al año se realizan aproximadamente 142.000 trámites de permisos, de los cuales, más del 90% de los solicitantes son aprobados como legítimos usuarios.

Según informó el diario La Nación, gran parte de estas armas inhabilitadas preventivamente corresponden al vencimiento de las licencias de sus usuarios, que tienen la posibilidad de renovarlas, pero la tendencia parecería marcar que desde el gobierno del presidente Mauricio Macri el número de legítimos usuarios va disminuyendo, provocándose además una gran caída del mantenimiento de licencias durante la pandemia, en el gobierno del posterior presidente, Alberto Fernández.

Plan de desarme

Con la asunción del presidente Javier Milei la Anmac abandonó el ministerio de Justicia para pasar a conformar un área dentro del ministerio de Seguridad, lo cual acarrea cambios y por el momento no hay certezas con qué ocurrirá con el plan de Desarme. La iniciativa del Programa Nacional de Entrega Voluntaria -quedó en stand by- consistía en que el Estado ofreciera un incentivo monetario para que los usuarios entreguen sus armas y proyectiles para que sean sacados de circulación, evitando así la posible venta de estos materiales que pueda ser adquirida para comerciarse en el mercado negro.

En la página web oficial del órgano contralor aparece colgado un posteo que anuncia: “el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones no se encuentra vigente desde el 31/12/23. Por el momento no se reciben armas de fuego y/o municiones”.

Coleccionistas de armas y legítimos usuarios de la provincia consideran que muchos usuarios desisten de la renovación de las licencias por el costo económico que conlleva la regulación y por la serie de pruebas que deben rehacer al cabo de cada vencimiento. Esas circunstancias -dicen las fuentes consultadas- deriva en que varios usuarios se vuelquen al programa de desarme.

En su campaña, el presidente Milei anunció su deseo de flexibilizar el proceso para la adjudicación de un arma. Incluso planteó la libre portación de armas (no es lo mismo que la simple tenencia) para quienes para quienes cumplan con los requisitos; pero habiendo pasado apenas un mes de su asunción, tanto la habilitación como el desarme, son temas que aún figuran en una nebulosa.